Contra el Real Decreto 16/2012 que convierte nuestra Sanidad Pública en una sanidad racista, clasista y machista
Defender el derecho a la salud como derecho universal, contra la limitación del acceso a las personas inmigradas indocumentadas, los jóvenes mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, las personas que trabajan en la economía informal o las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico.
Contra las barreras económicas en el acceso a tratamientos, como el repago de medicamentos a los pensionistas o el pago de los traslados no urgentes en ambulancia, de la alimentación artificial, entre otros.
Contra la reducción en la eficiencia de las medidas preventivas y de control de la salud pública, ya que colapsará los servicios de urgencias, obstaculizará la prevención de enfermedades, reducirá la calidad del servicio y perjudicará la labor de los profesionales.
