El Pais/ Maria Assumpció Vilà i Planas - Barcelona nació del mar. Durante siglos, el mar ha sido fundamental
en su historia. El comercio marítimo, la pesca y las playas contribuyen a
la idiosincrasia de la ciudad. Les Drassanes, la Llotja de Mar o el
puerto de la Barceloneta son algunas de sus señas de identidad. Ahora,
sin embargo, un proyecto privado convertirá el Port Vell en un espacio
cerrado para yates de lujo. La ciudadanía tendrá que prescindir de una
parte de su vida marítima para el beneficio de unos pocos.
La reforma del Port Vell supone una privatización de un espacio
público; un lugar de todos pasará a ser de uso exclusivo. Y se hará sin
que nadie haya preguntado a los barceloneses si lo quieren. Un proyecto
de tal envergadura hubiera requerido de un mayor proceso participativo o
de una consulta ciudadana. El puerto es un espacio público al servicio
de la ciudadanía.
regidor del PP muestra la foto a Ricard Gomà |
No creo que el lujo y lo que conlleva sea el modelo de ciudad que
necesitamos. No creo que proyectos como este tengan dimensión humana ni
sirvan para dar trabajo ni vivienda. Dicen que el nuevo puerto tendrá
para la ciudad un impacto de 650 millones y generará 400 empleos
directos o indirectos. No lo pondré en entredicho, pero dudo que los
bares y comercios tradicionales de la Barceloneta se beneficien de la
reforma.
El plan me genera dudas y me preocupa que tenga un impacto social y
urbanístico poco sostenible. ¿Conllevará un encarecimiento de los pisos
del entorno? ¿Los vecinos tendrán que dejar sus casas empujados por la
especulación? ¿Qué motiva hacer inaccesible el Port Vell que no sea el
garantizar una exclusividad? ¿Y con qué legitimidad se privará a los
navegantes medianos y pequeños del uso de estas aguas?
Quiero recordar, finalmente, que la Carta Europea de Salvaguarda de
los Derechos Humanos en la Ciudad dice que la ciudadanía tiene derecho a
un desarrollo ordenado que garantice una relación armoniosa y a un
equilibrio entre urbanismo y medio ambiente. El compromiso y los
derechos que proclama la Carta son, pues, claros: respetar el patrimonio
arquitectónico, cultural y artístico, pero sin perder su sentido
histórico y ciudadano.
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